Tucumán exige a la Nación soluciones urgentes para evitar el colapso industrial por la falta de gas

Tucumán elevó un enérgico reclamo al Gobierno Nacional ante lo que considera una amenaza directa a su entramado productivo debido a las nuevas políticas de abastecimiento y transporte de hidrocarburos. A través de una misiva enviada por el Ministerio de Economía y Producción Daniel Abad a la Secretaría de Energía de la Nación, la provincia advirtió que las disposiciones actuales de la administración de Javier Milei ponen en riesgo la continuidad de las industrias del Norte Grande al imponer reducciones drásticas en la capacidad de transporte de fluido y costos de importación que resultan inviables para la rentabilidad regional. Este pedido de auxilio institucional se formalizó en el marco de una situación de “extrema vulnerabilidad energética” denunciada previamente por la Unión Industrial de Tucumán (UIT), entidad que alertó sobre la inminente pérdida de empleos y la paralización de la actividad fabril si no se garantiza el suministro básico para el invierno de 2026.

En la carta enviada a la secretaria del área, María Carmen Tettamanti (foto inferior), Abad manifestó “la firme preocupación del Gobierno provincial respecto de los efectos que la Resolución Nº 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación podría generar sobre el abastecimiento de gas natural destinado al sector industrial tucumano”. El funcionario fue contundente al señalar que “la aplicación de dicha medida, implicaría una reducción sustancial de la capacidad firme de transporte disponible para las industrias de la provincia y del NOA durante el invierno 2026, afectando directamente la continuidad productiva, el empleo, el cumplimiento de compromisos comerciales y la competitividad regional”.

Este escenario de crisis técnica tiene su origen en un cambio estructural del sistema energético nacional donde el desarrollo de Vaca Muerta desplazó el eje de aprovisionamiento hacia el sur, coincidiendo con una caída estrepitosa de la producción en la Cuenca Noroeste y la falta de envíos desde Bolivia. Según la Unión Industrial de Tucumán, esta reconfiguración implica un recorte del 35% en la capacidad de transporte para el sector, obligando a las empresas a evaluar la compra de Gas Natural Licuado (GNL) a valores que la entidad calificó como "prohibitivos", superando en seis veces el precio del gas residencial sin subsidio.

Ante esta realidad, Abad planteó en su misiva una postura clara frente a los intentos de normalización del sector por parte de la Nación: “Desde el Gobierno de Tucumán entendemos la necesidad de ordenar el sistema energético nacional. Sin embargo, dicho ordenamiento no puede realizarse a costa de poner en riesgo la actividad industrial de las provincias del Norte Grande, ni trasladando a los productores costos de abastecimiento que resultan claramente inviables para sostener la producción”. Por este motivo, el ministro solicitó formalmente la revisión de los alcances de la normativa vigente, “garantizando el suministro de gas natural sin restricciones para la industria tucumana durante el período invernal, bajo condiciones de precio razonables, previsibles y compatibles con la realidad productiva regional”.

Prioridad

La preocupación oficial se alinea con los puntos críticos expuestos por la UIT, que solicitó mecanismos compensatorios y prioridad de suministro para asegurar que las fábricas locales no deban apagar sus máquinas durante los meses de bajas temperaturas. Los industriales advirtieron que, de no mediar una intervención inmediata, el impacto en la estabilidad laboral de la provincia podría ser severo y de difícil reversión.

Finalmente, el ministro Abad recalcó que el sostenimiento del sector productivo es una política de Estado para la gestión provincial, afirmando que “la defensa de la industria tucumana, del empleo y del desarrollo productivo regional constituye una prioridad indeclinable para este Gobierno”. En un cierre que apela al federalismo, el funcionario instó a las autoridades nacionales a que “la implementación de cualquier medida vinculada al abastecimiento energético contemple criterios de equidad federal y no profundice las asimetrías existentes entre las distintas regiones del país”.